1.492
personas necesitaban escolta en Euskadi y Navarra en 2009 debido a la amenaza etarra.
144
millones de euros es la partida que el Gobierno vasco dedicará a seguridad privada este año.
400
miembros de la Ertzaintza están destinados a la protección de los amenazados.
El Ministerio y la consejería vasca de Interior han comenzado a aplicar un plan de reajuste de los servicios de escolta que se prestan a las personas amenazadas en Euskadi. Esta iniciativa, que irá desarrollándose de forma progresiva, pretende racionalizar los programas de seguridad vigentes hasta la fecha, al detectarse que hay un elevado porcentaje de antiguos cargos, ya desvinculados de la política o de sus anteriores funciones, a quienes se sigue prestando la misma protección que cuando se encontraban en primera línea. Interior también reducirá este servicio a amenazados que han dejado de residir en Euskadi.
La decisión, según distintas fuentes consultadas por este periódico, se ha tomado tras una evaluación de los riesgos que acechan a cada persona, estudiando expediente por expediente. Aunque la medida afecta a decenas de amenazados, en muchos casos se limitará a reducir de dos a uno el número de guardaespaldas. La cifra de personas que dejarán de llevar protección «es mínima» y, al mismo tiempo, Interior aumentará las actividades de contravigilancia en el entorno de los amenazados. El plan ha empezado ya a ponerse en conocimiento de los afectados y en breve entrará plenamente en vigor.
Los últimos datos hechos públicos sobre la cifra real de amenazados por ETA corresponden a 2009 y apuntan que en Euskadi y Navarra hay 1.492 personas que necesitan servicios de seguridad. El 89% (1.329) están protegidas por agentes privados y del resto se ocupan miembros de las fuerzas de seguridad. En el País Vasco, el coste se sufraga a medias entre el Ministerio y la consejería de Interior.
El gasto, no obstante, se ha disparado en los últimos años. En el caso de Euskadi, una de las claves del aumento radica en la amenaza explícita que la banda terrorista lanzó contra el Ejecutivo de Patxi López inmediatamente después de que el PSE llegara al poder tras las últimas elecciones autonómicas. Esta situación supuso, en la práctica, que al colectivo de amenazados ya existente se agregaran todas las personas que pasaban a ocupar un cargo en Lakua.
Esta circunstancia ha conllevado que el gasto económico en materia de protección se eleve sustancialmente. En 2009, el presupuesto del Ejecutivo vasco para pagar los servicios de escolta privada fue de 65 millones de euros. Sin embargo, a finales de año había subido ya a 97,7 millones. Para 2010, la previsión es de 144 millones de euros. En esta partida se incluye la factura de todas las empresas privadas de guardaespaldas y comprende también la seguridad de las mujeres víctimas de la violencia machista.
Las medidas de protección aplicables a cada colectivo amenazado dibujan un mapa complejo respecto a los distintos servicios que se prestan en Euskadi. Aunque en un primer momento toda la seguridad se encomendó a las fuerzas de seguridad -policías, guardias civiles y ertzainas-, de forma paulatina se fue sustituyendo a los funcionarios por agentes privados. En el caso de la Ertzaintza, no obstante, todavía existe un alto número de policías dedicados a esta labor. En total son 225 'berrocis' -escoltas de elite que trabajan casi en exclusiva para altos cargos- y otros dos centenares de ertzainas -denominados de forma coloquial como 'acompañantes'- que protegen a todo tipo de cargos.
Tanto la consejería como el Ministerio del Interior tienen prevista la retirada paulatina de los agentes y su sustitución por escoltas privados durante las próximas semanas. En el Departamento dirigido por Rodolfo Ares, esta operación tendrá, presumiblemente, un efecto directo en la calle. Podrá sacar a bastantes agentes de una labor que se cubrirá con escoltas privados y destinarlos a funciones de seguridad ciudadana, donde hay un serio déficit de personal, tal y como han denunciado en varias ocasiones los sindicatos policiales.
La consejería, sin embargo, se enfrenta a situaciones delicadas. Una de las más complejas es la de los jueces vascos, que el pasado mes de mayo ya reclamaron al Ejecutivo autónomo que se destinasen más recursos a la protección de magistrados y edificios judiciales, golpeados reiteradamente por el terrorismo de ETA.
Respecto al Ministerio de Interior, éste prevé acometer los reajustes de forma periódica y en función de estudios de riesgo sobre los amenazados. Aunque no descarta que en algunos casos resulte preciso aumentar la seguridad si se detecta que el acoso ha crecido en intensidad, el Gobierno cree que la tendencia general consistirá en reducir las escoltas porque muchas están asignadas a ciudadanos ya alejados de la vida política y cuyo nivel de peligro ha descendido de modo sustancial.
Coches blindados
En ambos ejecutivos rechazan que el reajuste sea una consecuencia de la crisis económica, puesto que las partidas de seguridad ya están aprobadas y, sobre todo, se consideran «prioritarias» sobre otras inversiones. El propósito, aseguran, pasa por racionalizar los costes y los programas y evitar situaciones paradójicas. Aunque Interior es hermético a la hora de informar de los servicios de escolta y tiene como consigna no realizar declaraciones sobre esta materia, se sabe que, por ejemplo, hay antiguos cargos sin relación alguna con la política o la función pública que mantienen el uso de coches blindados, mientras que los nuevos responsables no pueden utilizar este tipo de vehículos de forma habitual porque el parque es limitado.
Otra circunstancia que afecta a la decisión de reajustar el número de guardaespaldas es la evaluación de la acción terrorista. Según las fuentes consultadas, la debilidad de la banda permite estimar que el riesgo ha descendido en determinados casos. No obstante, Interior reactivaría al máximo y de inmediato la protección si ETA reanudara sus atentados o los comandos mostrasen algún tipo de actividad.
